sábado, 18 de diciembre de 2010

Defensa de la autonomía de las universidades

El gobierno pretende liquidar la autonomía universitaria. No es la primera vez que un gobierno dictatorial intenta hacerlo, nuestras universidades sufrieron cierres y allanamientos en el pasado, pero han sobrevivido, algunas por más de dos siglos como es el caso de la UCV. La autonomía resulta intolerable para los enemigos de la libertad y la democracia que no admiten otra forma de pensar que la de su estrecho credo. Ahora la gran paradoja es que los otrora defensores de la autonomía, algunos no por convicción sino para utilizar el recinto para sus pillerías, son sus mayores enemigos. Quién no recuerda al vicepresidente en sus años mozos haciendo de las suyas y escondiéndose en la universidad y como él no pocos jefes del actual régimen que utilizaban nuestra Alma Mater para conspirar. Pero ahora, desde el gobierno, ya no les sirve la libertad de cátedra, de pensamiento, ni los símbolos que les son tan queridos a quienes vemos en la universidad la reserva intelectual del país, el centro de investigación, el espacio donde los jóvenes van a buscar conocimientos y orientación para tener luego una vida útil.

El gobierno desea universidades de segunda y tercera, sin laboratorios o bibliotecas, con profesores dispuestos a adoctrinar a los estudiantes en los dogmas marxistas, fidelistas, maoístas y análogas. No a enseñar que estos personajes existieron y opinaron, no a discutir los escasos éxitos y muchos fracasos de estos líderes, sino a adoctrinar, a formar seguidores fieles y fanáticos sin capacidad crítica o analítica. Estudiantes con camisas rojas dispuestos a festejar cualquier ocurrencia del líder máximo.

Las universidades autónomas y experimentales, junto a las privadas, han formado cientos de miles de ciudadanos. Ahora es necesario el apoyo de todos para defenderlas de este nuevo atropello. Un NO rotundo al proyecto de ley que el gobierno pretende aprobar sin consulta y sin respeto a las libertades.

La muerte del conocimiento

Los recursos irán a las arcas centrales y allí deberán acudir los interesados con sus proyectos
CARLOS MACHADO ALLISON |  EL UNIVERSAL
martes 7 de diciembre de 2010  12:00 AM
Un grupo de ciudadanos conocidos por su ignorancia y sumisión, modificaron la ley (LOCTI) que le había dado algún oxígeno a los centros de investigación y a las empresas privadas. Esa ley hacía compulsorio dedicar un porcentaje de las ventas a la investigación, capacitación o modernización tecnológica de la empresa. Gracias a ella las empresas contrataban, de acuerdo a sus necesidades, a las universidades y otros núcleos de investigación. Éstos, a su vez, elevaban propuestas vinculadas al estado internacional del desarrollo tecnológico o de los avances científicos que fueran relevantes al desarrollo de nuestro país. Los que conocían sus necesidades y los que podían suplirlas, negociaban directamente. Eso funcionaba bien. 

La modificación de la ley tiene como objetivo obligar, a empresas e instituciones con competencias en investigación y desarrollo tecnológico, a someterse al dictamen del Gobierno. Los recursos irán a las arcas centrales y allí deberán acudir los interesados con sus proyectos. Ya podrá el lector concluir que si éstos no se ajustan al credo socialista -o como lo quieran llamar- pues, simplemente, no serán aprobados. 

Peor aún, nadie sabe de dónde sacarán las competencias necesarias para juzgar con acierto qué necesita cada empresa en materia tecnológica o la calidad de la propuesta generada por alguna universidad. 

Esta ley, le daba oxígeno a la relación entre empresas y sector académico, relación que en los países desarrollados no sólo es natural, sino indispensable. Los países exportadores necesitan competir en los mercados internacionales y para ello ciencia y tecnología, como todo el mundo sabe o deduce, es algo vital. 

Aun si no exportan, las empresas también deben competir en el mercado interno a través de productos novedosos, de calidad creciente o menor costo y para ello, ciencia y tecnología son importantes. De allí que, cuando se cuantifican los aportes para financiar la innovación, en muchos países los del sector privado superan a los correspondientes al Gobierno. Un ejemplo son las innovaciones que se han perpetuado en empresas que llevaron, o aún llevan el nombre de inventores: Boulton & Watt, Edison, John Deere, King Gillette, Westinghouse, Daimler, Lumiére o Siemens. 

Obviamente todos en países desarrollados, con economía de mercado, emprendimiento, exportaciones diversificadas, inventiva, seguridad social, viviendas, grandes universidades y laboratorios, abundante empleo, elevado índice de desarrollo humano y valoración del conocimiento. Al asesinar a la LOCTI nuestro Gobierno es consistente en su esfuerzo para mantener a Venezuela en los últimos lugares de las clasificaciones sobre competitividad, inversión privada, libertad para hacer negocios, garantías sobre la propiedad privada. Cosas que marcan la diferencia entre el primer y el último mundo. 

La capacidad de inventiva de nuestro Gobierno revolucionario es realmente extraordinaria, en efecto, cada día inventan algo para destruir al país