jueves, 11 de febrero de 2010

Unidad gremial agroalimentaria


En Venezuela el número de organizaciones gremiales vinculadas al sistema agroalimentario es muy elevado y los criterios de organización bastante heterogéneos. La afiliación puede tener naturaleza geográfica (nacionales, regionales, estadales, cuencas o sistemas de riego) o biológica (producción animal y vegetal), también puede aglutinar productores por su ubicación en la cadena (producción primaria, procesamiento industrial o puntos finales de venta). Tampoco falta la afiliación por rubro, producto o actividad como el caso de la carne, pollo, alimentos balanceados, leche, queso, arroz, maíz y mataderos-frigoríficos, para citar algunos) y, finalmente, también es importante la afiliación gremial entre los productores de insumos.

Esta amplia gama de organizaciones existe por muy buenas razones: los unen intereses económicos similares, les permite compartir información relevante (técnica, estadística) genera mecanismos de negociación aparentemente más eficientes en torno a temas comunes y constituyen una instancia de representación ante gobiernos que, desde hace muchos años, concentran demasiado poder a la vez que se lo restan a los ciudadanos.

En Venezuela, esa continua, con frecuencia indebida e innecesaria intromisión del gobierno y la existencia de un abusivo número de leyes, decretos y normas, es evidente la existencia de dos fenómenos particulares: (1) La función de cabildeo domina sobre los aspectos técnicos y organizativos de las instituciones y (2) al violarse las reglas básicas del mercado y la libertades económicas, se generan interacciones negativas entre los gremios y los distintos agentes económicos de cada cadena agroalimentaria.

Bajo las actuales circunstancias estos fenómenos particulares tienen un impacto negativo sobre la totalidad del sistema ya que las interacciones naturales se encuentran alteradas por una avalancha de restricciones que genera la búsqueda de posiciones de “sobrevivencia” en lugar de sana competencia o negociaciones equilibradas. Las acciones, con frecuencia abusivas y enmarcadas por los sesgos ideológicos del gobierno de turno, generan desde inseguridad hasta terror.

Las páginas de la prensa y los programas de televisión ilustran un menú de amenazas bien conocido por los integrantes de las cadenas agroalimentarias y por los consumidores: invasiones, expropiaciones, excesos regulatorios de todo tipo, acusaciones infundadas que afectan la imagen y la credibilidad de las empresas, inflación, episodios de escasez, corrupción vinculada a la obtención de permisos, divisas o precios, amén de graves problemas como la inseguridad personal y jurídica, deterioro de los servicios esenciales como la energía eléctrica, suministro de agua o vialidad. Todo ello ha determinado que la producción nacional se encuentre estancada, las exportaciones son casi inexistentes y la necesaria visión estratégica del futuro se encuentre, por decir lo menos, nublada.

Enfrentar esta batería de amenazas demanda una acción concertada de los gremios destinada tanto a preservar la seguridad alimentaria de los ciudadanos, como a garantizar la persistencia del sector privado de la economía. Una acción concertada en torno a un reducido, más vital, número de aspectos que se encuentran en una posición superior a las diferencias que puedan haber surgido o que sean inevitables, entre cada gremio o grupo de gremios. En principio identificamos algunos:

1. Los derechos de propiedad rurales o urbanos
2. Los derechos de libertad de producción, procesamiento y comercio
3. La inseguridad personal y jurídica, así como la calidad del sistema judicial
4. La descentralización
5. La simplificación del marco regulatorio y de los trámites correspondientes
6. La necesidad de una inversión pública recurrente en infraestructura

La lista dista de ser exhaustiva y es bien posible que, los mismos gremios, conocedores de las principales barreras que impiden a sus afiliados generar riqueza y empleo, disminuir costos o invertir con confianza, la puedan ampliar.

Lo esencial, en nuestra opinión, es construir un acuerdo nacional básico en torno a los elementos comunes e incluyentes, postergando para el futuro las diferencias que en éste momento generan fracturas entre los distintos agentes económicos. Para muestra, un botón: el control de cambio y precio con las limitaciones al acceso de las divisas y el diferencial de precios internos e internacionales hace fatal el conflicto entre productores nacionales e importadores. No puede ser de otro modo ya que el manejo macroeconómico sumado al excesivo poder, económico y político del gobierno, ha distorsionado a la totalidad del sistema.

Las elecciones parlamentarias del 2010 abren una oportunidad importante para el sistema agroalimentario. Oportunidad para lograr algún tipo de representación en una Asamblea más plural y, más importante aún, para que, unidos, puedan influir sobre el mundo político, oficialista u opositor, para producir cambios profundos en las políticas públicas, leyes o decretos que tienen un impacto negativo tanto sobre los consumidores, como sobre el sector privado de esta importante actividad económica.

Esta es una invitación a los gremios.

Foto: www.definitions.net/definitions/agribusiness